Luis Eduardo Camacho ha vuelto a dejar claro que no piensa darle prioridad a las propuestas anticorrupción presentadas por el procurador. Con ironía calculada afirma que “mientras más me ponen presión, más me pongo lento”, y ahora lanza otro dardo: “No voy a saltarme procedimientos porque un funcionario crea que sus proyectos son más importantes que otros”.
El problema no es de trámites, sino de democracia. Cuando la voluntad de un presidente de una instancia tan importante como la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se convierte en muro contra reformas que buscan castigar la corrupción, el mensaje es inquietante: el reglamento se usa como coartada para frenar lo que incomoda.
Camacho actúa con plena confianza de que nada le pasará, porque sabe que en Panamá la impunidad es un escudo poderoso. Ese convencimiento refleja la debilidad institucional: aquí el costo político de bloquear la transparencia es casi inexistente.
La democracia pierde cuando la “lentitud selectiva” se convierte en norma. Y pierde, sobre todo, una ciudadanía que exige un Estado limpio y responsable.
