Hoy por hoy

“Masacre de Changuinola”. No hay otra forma de llamar aquellos sucesos de 2010, pues no existe precedente de tanta perversidad, perpetrada por las fuerzas del orden contra panameños que protestaban en el entonces gobierno de Ricardo Martinelli contra la llamada “ley chorizo”. Como resultado de los enfrentamientos, dos personas murieron y unas 500 resultaron heridas –cuando menos 80 perdieron parcialmente la vista–, además de cuantiosos daños materiales. Doce años después, las secuelas siguen presentes: muchos experimentan envenenamiento con plomo por los perdigones que permanecen en sus cuerpos; otros han tenido que dejar de trabajar, desmejorando su calidad de vida, pues los perdigones siguen alojados en ojos, riñones, rodillas o hígado. Los responsables de la masacre ni siquiera un regaño recibieron, mucho menos un castigo, por su abusivo y despiadado uso de fuerza. Masacraron a gente indefensa y el Estado prácticamente se ha olvidado de estas víctimas. La forma en que son tratadas estas personas es una completa vergüenza y es lamentable reconocer que la deuda que tiene el Estado con ellas, en vez de disminuir, crece con el paso del tiempo.