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Como si la fiesta con los auxilios económicos del Ifarhu no hubiese sido suficiente —con dinero distribuido de manera conveniente para parientes y amigos del poder— ahora se han descubierto cuentas en el Programa de Descentralización de las que salieron cientos de millones de dólares sin justificación, reglamentación ni supervisión. Es evidente que el saqueo fue masivo y que la Contraloría no solo no hizo su trabajo, sino que fue cómplice de lo que puede ser uno de los mayores atracos al Estado panameño. Desde 2021 hasta hoy, hay transferencias en el Programa de Descentralización que suman $320 millones, cuyo uso no tiene justificación hasta ahora. Tal es la magnitud del despojo que la Autoridad de Descentralización admite que carece de capacidad para investigar los cerca de 700 expedientes en los que quedaron constancias de los multimillonarios desembolsos. La negligencia de las instituciones de control y el derroche del gobierno pasado durante la pandemia y posterior a esta no puede quedar impune. Será necesario dotar al Ministerio Público de recursos, personal y capacidad técnica forense para determinar un alcance aproximado de lo robado y luego perseguir a los delincuentes que saquearon el patrimonio estatal.

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