Hoy por hoy

En un contexto donde la transparencia y el respeto por la ley son pilares fundamentales del buen gobierno, las denuncias presentadas por varios funcionarios electos sobre la eliminación deliberada de datos públicos de los sistemas y computadoras de municipios y juntas comunales son profundamente alarmantes. La Ley No. 6 del 22 de enero de 2002 es clara en su mandato de preservar y mantener toda información relevante para la gestión pública, una obligación que ha sido violada flagrantemente. Es imperativo que la Contraloría General de la República asuma un papel protagónico en este escenario, reconstruyendo meticulosamente los registros perdidos y asegurando su entrega a quienes tienen derecho a acceder a ellos. La inacción no es una opción. La sociedad exige no solo responsabilidad, sino también restauración de la confianza en las instituciones. La labor fiscalizadora del contralor Gerardo Solís debe ser exhaustiva y decisiva. Solo así se puede restablecer el imperio de la ley y garantizar que los recursos públicos se administren con integridad y transparencia en beneficio del pueblo panameño.