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La Contraloría General de la República en este quinquenio compite con la del periodo 2009-2014 por el peor desempeño que se haya conocido, sin embargo, el titular de esta institución dice que el manejo de presupuesto ha sido “responsable” y la labor de fiscalización, “titánica”. Los autobombos no pueden ocultar la falta de controles, el despilfarro, el robo, la corrupción y las graves faltas a sus deberes constitucionales. Pocas veces ha habido tanto malgasto, porque el contralor no ha hecho más que entorpecer; ni siquiera puede entregar las auditorías que le solicita el Ministerio Público para sus investigaciones por corrupción o las que les pide la Fiscalía de Cuentas. Son decenas de auditorías pedidas y solo unas cuantas entregadas, por lo que los casos deben ser archivados por la ausencia de estos documentos. El contralor debe responder ante la sociedad por su desidia, por haber convertido la Contraloría en una oficina de tercera, carente de toda autoridad. Todo eso se le debe al actual contralor, quien ha elegido ser sordo y ciego ante la crítica, pero elocuente para autoelogiarse. En un país con instituciones fuertes, sería separado del cargo por evidente negligencia. No merece estar sentado allí ni un minuto más.

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