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Alcaldes electos de algunas de las principales ciudades del país coinciden en algo elemental: el dinero de la descentralización no debe ser destinado al gasto de operación, es decir, usarse para planillas, como actualmente se hace con buena parte de esta asignación. La ley original establecía que el 90% de ese dinero debía invertirse en obras pactadas con cada comunidad, y el 10% fuera para funcionamiento, es decir, para contratar el personal a cargo de ejecutar esas obras. El Gobierno, durante la pandemia, trastocó estos valores alegando que era una medida de carácter temporal, pero en la práctica, la ley no ha vuelto a su texto original. Bien hacen los que serán los nuevos alcaldes, de volver a invertir el dinero para los habitantes de sus ciudades y dejar de malgastarlo en personal innecesario, contratado solo porque los actuales alcaldes han instaurado políticas abiertamente clientelistas, práctica corrupta que hay que eliminar tan pronto como tomen posesión. La sinvergüenzura, el descaro, la irresponsabilidad y el escaso escrúpulo para dilapidar el dinero tiene que acabarse. La era de la abundancia debe llegar a su fin y la de austeridad debe comenzar, y por eso, de ahora en adelante, cada dólar debe contar.


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