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En el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el candidato presidencial de los partidos RM y Alianza –impuesto por el Tribunal Electoral (TE) en uno de sus acuerdos de pleno– no hay una sola buena noticia. La Corte reconoce que el candidato correrá sin vicepresidente, pese a que la Constitución establece que debe tener uno, pero eso no lo respetó la mayoría de los magistrados del TE. Reprochan la decisión de “disminuir” el cargo de vicepresidente al de suplente, brillante idea de dos de esos magistrados del TE, quienes, para colmo, usurparon el mandato de RM y Alianza de escoger su candidato. Es decir, todo fue ilegal y hasta abusivo por parte del TE, pero en vez de ceñirse a la Constitución, los magistrados de la Corte recurrieron a la indulgencia para no irrumpir en el proceso electoral. Y eso es preocupante; es un criterio que traspasa sus deberes como garantes del mandato constitucional. Pero hay que acatar el fallo, no porque esté bien, sino porque, contrario a lo que los magistrados hicieron –permitir la violación de la Constitución– estamos convencidos, por principios, de que la ley siempre debe prevalecer. Como Sócrates, que pudiendo elegir renunciar a sus ideales, prefirió morir antes que hacerlo.

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