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La Corte Suprema de Justicia tiene el deber irrefutable de decidir antes del 5 de mayo la condición de la candidatura presidencial demandada de inconstitucional. Esta no es solo una cuestión de deber constitucional, sino también de responsabilidad democrática. Nunca antes en nuestra historia hemos experimentado una situación tan caótica, llena de incertidumbre y desconfianza, en los días previos a unas elecciones generales. Es inaceptable que, en este punto crucial del proceso electoral, la oferta para elegir al próximo presidente de la República aún no esté completamente definida debido a la incertidumbre sobre la candidatura de uno de los contendientes. Varios exmagistrados han subrayado la urgencia de un pronunciamiento. Es esencial que la Corte actúe con la celeridad que la situación requiere, brindando así a la población el tiempo necesario para reflexionar sobre las repercusiones de su fallo en el panorama electoral. Además, la preocupación por el estado del sistema informático del Tribunal Electoral agrega otra capa de incertidumbre y socava aún más la confianza de la población en la credibilidad del proceso electoral. Es imprescindible que se aborde esta situación de manera inmediata y efectiva para salvaguardar la integridad del proceso electoral.

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