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La fiesta de los millones en auxilios económicos no se detiene. De hecho, en tan solo los primeros tres meses del año, el Ifarhu ha destinado el 50% del presupuesto de becas al pago de auxilios económicos a personas cuya identidad se mantiene en secreto. De enero a marzo se han pagado $7.1 millones en 386 auxilios económicos, y se desconoce si la ejecución de ese programa puede sufrir una alteración que permita aumentar el número de beneficiarios de auxilios económicos o becas, ya que a este gobierno le restan poco más de dos meses para que termine. El presidente de la República ya anunció que estos programas del Ifarhu se quedarán como están, y que será tarea de la próxima Administración reglamentarlos, actualmente bajo criterios de absoluta discrecionalidad. Pero, a la luz de lo que estamos viendo, la decisión del presidente ha sido irresponsable, negligente y permisiva, porque desde el primer día del escándalo debió impedir tanta discrecionalidad para otorgar estos auxilios económicos. Está claro que funcionarios de su gobierno están saqueando el Tesoro, ante los ojos del gobernante, sin que este mueva un dedo para corregir o impedir este descarado asalto al erario.

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