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El condenado por lavado de activos, acusado en Panamá y en España y designado corrupto por Estados Unidos, prepara otro embate a la justicia. Como lo han hecho otros acusados en el caso Odebrecht, el expresidente panameño y una de sus amigas han solicitado a un magistrado en Brasil que anule las pruebas reunidas en su contra, emanadas de los sistemas de comunicación encriptada de la División de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht, así como los testimonios de ocho testigos que conocen el esquema de corrupción instaurado en Panamá por el gigante de la construcción. Y es muy probable que lo consigan, pues el magistrado al que le piden la anulación de las pruebas es muy cercano al presidente Lula da Silva; incluso fue Lula quien lo nominó a ese alto cargo en el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Lula –recordemos– vino a Panamá en gira pagada por Odebrecht, para la que fungió como una suerte de embajador de la marca, ya que promovía la imagen de esta empresa ante los gobiernos extranjeros. Ya son numerosos los casos en los que el magistrado favorito está anulando las pruebas que llevarían a la cárcel a esos amigos de Lula. ¿Será el blanqueador prófugo uno de ellos?

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