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El juicio por el caso Odebrecht ha sufrido un nuevo retraso de varios meses, tras haber sido localizados en Perú dos de los acusados que estaban en rebeldía. De por sí, el juicio es tardío, ya que el proceso de investigación en Panamá empezó hace casi diez años. Es claro que una justicia que llega con esta tardanza no es justicia, por lo que urge reformar las leyes para permitir juicios más ágiles, para que personas que están acusadas en un mismo caso puedan ser objeto de audiencias de fondo de forma individual, sin retrasar todo el proceso. Es notorio el hecho de que los proceso judiciales están diseñados con formalidades extremistas que facilitan y promueven la impunidad. Es como andar en un campo minado, en el que un error provoca un desenlace inesperado, súbito e injusto. No hay cabida para correcciones, solo para las nulidades. Ello incluye estos procesos que tardan años en concretarse, hechos a la medida de los acusados para retrasar y buscar las prescripciones, evitando con ello que la justicia pueda alcanzarlos. El Órgano Judicial tiene la responsabilidad de hacer que la justicia sea expedita y si para ello hay que reformar la ley, pues que empiece a presentar las reformas ante la Asamblea Nacional.

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