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Con pleno conocimiento de su inminente descalificación, un exmandatario, condenado por lavado de dinero a más de 10 años de prisión, despliega toda suerte de artimañas para asegurar su presencia en la papeleta presidencial que será utilizada en las elecciones del próximo 5 de mayo. ¿No constituye este actuar un claro intento de engañar al electorado cuando sería su candidato a vicepresidente quien encabezaría la nómina de su partido? En aras de sus objetivos, sus abogados continúan con la presentación de recursos legales superfluos pero dilatorios, insistiendo en aclaraciones sobre asuntos previamente desestimados. Instamos tanto al Órgano Judicial como al Tribunal Electoral a que, en consonancia con el debido proceso, agilicen las gestiones judiciales y procedan con la pronta inhabilitación del pretendido “candidato”. La incertidumbre que asedia a los panameños resulta perjudicial, no solo para el país sino también para el propio proceso electoral. Esta situación menoscaba la paz social esencial para asegurar elecciones libres de influencias, transparentes y cuyos resultados reflejen fielmente las auténticas preferencias del electorado panameño.


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