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En una jugada sospechosa, una sociedad –que pertenece al conglomerado societario usado para esconder a los actuales dueños de Editora Panamá América, S.A. (Epasa)– dejó de pagar sus compromisos crediticios contraídos con un banco local, consciente de las consecuencias que tendría. Se trata de una suerte de venganza por el juicio que ha resultado en la condena, por lavado de activos, de un expresidente que es el mayor accionista de la empresa periodística. Como consecuencia de la decisión de no pagar el préstamo –más de $10 millones– el banco ejecutó las garantías: nada menos que los muebles e inmuebles que previamente habían sido traspasados a Inmobiliaria TPA, S.A. Así, esta sociedad dejó de ser la propietaria de los bienes, que eran, a su vez, el mayor activo de Epasa: dos fincas valoradas en millones de dólares. Ello significa que el Estado, a la hora de recuperar el dinero que salió de contratistas estatales para comprar la casa editorial, no recibirá un centavo de esas fincas, a lo sumo, acciones que, sin bienes tangibles, no son más que papel. El expresidente burla así al Estado, impidiéndole recuperar un patrimonio que debió ser usado para obras, no para comprar un medio para el usufructo privado.

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