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El contrabando de cigarrillos en Panamá es de vieja data. Pero ahora las implicaciones de esta actividad son mucho mayores que en épocas pasadas. La organización Crime Stoppers –una plataforma para la denuncia anónima de delitos– describió algunos de los problemas que causa este ilícito, como, por ejemplo, la evasión fiscal, calculada en unos $165 millones al año. Pero no es todo, porque quienes están en este negocio son pandillas que responden, a su vez, a organizaciones criminales que podrían estar financiando el terrorismo en otras partes del mundo. A menor escala, este contrabando sirve, además, para comprar municiones o enviar dinero a las cárceles o corromper a funcionarios. Este escenario, una vez más, pone sobre el tapete las reformas que se deben hacer para castigar y perseguir este grave delito. Paralelamente, el Estado debe prestarle más atención a este tipo de contrabando, porque se calcula que el 90% de lo que se vende en Panamá es de origen ilícito. Es obvio que hay que reforzar la prevención, así como aprobar la ley de extinción de dominio, pues se trata de verdaderas fortunas que acumulan los que están al frente. Es en estas cosas que deben estar los diputados.

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