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En Panamá, los procesos judiciales pueden ser fácilmente dilatados, lo que muchas veces conduce a la impunidad. Estas tácticas las practican sin pudor alguno abogados que, en la seguridad de que su o sus clientes son culpables, buscan la forma de evitar que la justicia los alcance. La semana pasada, la presidenta de la Corte Suprema se refirió a eso, precisamente, al abuso del que es objeto la Ley cuando se convierte, irónicamente, en eficaz instrumento de impunidad. No es que los acusados carezcan de defensa, se trata de que reciban la justicia que merecen. Pero, ante recursos claramente dilatorios, es necesario imponer sanciones ejemplares, porque los abogados son auxiliares de la justicia y, por tanto, no deberían ser obstáculos. Es notorio el caso de los abogados de un expresidente que llevan decenas de argucias que impiden un pronunciamiento final en el caso de este exfuncionario, sobre el que pesa ya una condena en dos instancias y que ahora evita a toda costa una sentencia final. ¿Hasta cuándo la tolerancia con la falta de ética, con la desfachatez y con la falta de escrúpulos? Este vergonzoso espectáculo no es más que un reflejo de la canalla que lo protagoniza y de los clientes que representa.

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