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El administrador del Canal de Panamá anunció que este año los ingresos en concepto de peajes serán menores –entre $500 millones y $700 millones- que los del año pasado (y así quería el Gobierno aumentar más de $5 mil millones el presupuesto nacional para el presente año) por las restricciones derivadas del bajo nivel de los lagos. Pero no es todo. Esta situación también está perjudicando actividades conexas, como el suministro de combustible, alimentos e insumos, además de servicios técnicos, con una disminución del 50% de sus ingresos, ya que las empresas que están en estas actividades dependen en la mayoría de los casos de los tránsitos de buques por el Canal, que, como es sabido, han pasado de 38 a 24 diarios, y con posibilidades de que ese número se reduzca aún más a partir de marzo. Esto, como es lógico, también tiene un impacto en la economía y en la fuerza laboral. Lo trágico es que desde hace años hay estudios que advertían de la necesidad de nuevos embalses, pero, como siempre, los gobiernos dejan todo para última hora, si es que tenemos suerte, porque, como ya hemos comprobado, ni siquiera actúan ante la inevitable inminencia. ¿Cómo se puede ser tan negligente?

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