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El informe a la Nación del presidente de la República aludió, una vez más, a su inventario de obras, pero dejó temas que nos gritan que son de necesario abordaje, pero que esta Administración no afronta si tiene que pagar un costo político. Por ejemplo, nada dijo de la crisis de la Caja de Seguro Social, cuyas reservas para pensionados y jubilados se acaban este año; tampoco de la crisis hídrica: escasea el agua para consumo humano en el área metropolitana y para el tránsito de naves por el Canal. Tampoco sobre los arbitrajes con la minera tras la anulación de su contrato ni lo que haría para reemplazar esos ingresos. Habló de las elecciones y prometió una transición ordenada, porque “vivimos en un país en el que rige la democracia”, algo que debería recordarle al presidente de su partido –el PRD– que la semana pasada habló de golpes de Estado. Dijo, además, que nunca ha llamado a un medio para cuestionar su línea editorial, pero su gobierno castiga a todo aquel que lo crítica con la asignación desproporcionada y poco equitativa de la publicidad estatal; ataca a medios y periodistas con campañas de difamación y multa a los que se meten con sus copartidarios. En fin, un discurso revelador, pero no por lo que dijo, sino por lo que calló.

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