Hoy por Hoy

En 2010, la Asamblea Nacional contaba con 81 asesores que cobraban al año un total de $1.9 millones. Trece años después –sin justificación y sin resultados– tiene 411 y el costo anual de este lujo es de $14.4 millones al año. ¿Pero, de qué sirve tener más de 400 asesores si cuando van a revisar un contrato-ley, como el de la minera, son incapaces de ver las 25 violaciones a la Constitución que contenía ese texto? Y de asesores que tampoco parecen servir de nada están los 144 que están en la Contraloría General de la República, donde fue ratificado el mencionado contrato-ley. En total, entre las dos instituciones, hay 555 asesores, a los que hay que agregar, además, los de la Presidencia de la República que se leyeron el contrato de la minera en un santiamén, y que el presidente sancionó con tanta rapidez que nadie duda que lo firmó sin siquiera darle un vistazo. De estas asesorías buenas para nada es de lo que hay que prescindir. Se trata de millones de dólares tirados a la basura, pero que que se pueden ahorrar, al menos, para mostrar algo de disciplina fiscal. Es inconcebible tener esta cantidad de asesores que poco o nada ayudan, solo cobran jugosos salarios, pero sin ganárselos.