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Las cifras de la violencia sexual –en lo que va del año– son sencillamente alarmantes. Causa una profunda preocupación la descomposición de la sociedad panameña, en la que la peor parte la llevan los menores de edad, víctimas incluso de pornografía, sin contar el abuso del que son objeto por adultos, con los que tienen, en muchos casos, alguna relación familiar. Urge que las familias pongan de su parte para limitar este desenfreno y, de parte de las autoridades, se requiere mayor atención a este tipo de delitos, pero, sobre todo, la prevención, en la que es esencial la participación de la familia. Muchos de estos delitos se cometen, precisamente, en su seno, en lo profundo de la intimidad hogareña. Solo este año se han contabilizado en Panamá unos 5,389 delitos sexuales, lo que lo convierte en uno de los de mayor recurrencia. Y esos son solo aquellos casos que se reportan a las autoridades. Ni los migrantes se salvan de ese salvajismo, perpetrado en una de las zonas más agrestes del continente: la selva darienita. Por eso es necesario no solo prevenir, sino encerrar a estos sujetos el mayor tiempo posible. Ni la sociedad ni el Gobierno deben seguir con los brazos cruzados.

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