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Desde hace varios días, los pobladores de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro están secuestrados por grupos que impiden la circulación vehicular las 24 horas del día. Es una postura radical, que ya ha tenido como consecuencia los primeros enfrentamientos violentos. Mientras, de ambos lados de los bloqueos se sufre el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, sin contar que el cierre de la carretera Interamericana perjudica el comercio nacional e internacional. Pero, además, es un abuso mantener incomunicados a cientos de miles de personas por grupos que, en honor a la verdad, empezamos a cuestionar sus motivaciones. Lo cierto es que el silencio de las autoridades resulta ensordecedor, y como ya es costumbre del presidente y su gabinete, no se conoce cuáles son sus alternativas para ponerle punto final a esta crisis sin precedentes. El daño colateral de su inacción ya ha tenido consecuencias devastadoras para la economía nacional, para niños y jóvenes estudiantes, para las personas que sufren de enfermedades crónicas y, en general, para todo el país. Si no pueden pactar la apertura definitiva de las calles, tienen la obligación de intervenir para establecer, al menos, un corredor humanitario que garantice los derechos de los afectados.

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