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La sociedad panameña ha llevado a cabo una larga y agotadora jornada de manifestaciones en rechazo al contrato con la minera de Donoso. Todo el país se sumó a las protestas, que incluyeron el bloqueo de las principales calles y carreteras del país, huelgas y hasta la suspensión de las clases. El Gobierno (que parece que no aprendió nada de las revueltas de julio de 2022) ha tenido que escuchar, por primera vez en muchos años, el clamor popular y ha dado pasos encaminados a cumplir la voluntad de los manifestantes. Es momento de permitir que el curso de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023 tomen curso y sean resueltas lo antes posible, para darle tranquilidad social al país. No significa que la vigilia termine, pero hay que permitir el libre tránsito de todos. Los productores ven desvanecerse miles de dólares diariamente; el comercio no se desarrolla con normalidad; el turismo en el interior ha mermado en uno de los feriados más rentables del año; miles de citas médicas se han perdido, y todo el país empieza a sufrir un severo desgaste debido al cansancio y la frustración. No son pocos los que ya están perdiendo la paciencia, por ver cómo se desvanece su trabajo y esfuerzo de tantos meses. Es hora de ser solidarios con esos panameños que, sabiendo que tenían mucho que perder, se sumaron a las protestas. Ellos merecen, al igual que el resto del país, recuperar algo de normalidad, mientras esperamos que la justicia haga su trabajo.

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