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La decisión de eliminar la propuesta para derogar el contrato minero es un gran paso a una solución mucho más segura del gran problema en el que nos metieron el Ejecutivo y el Legislativo. También es un gran paso que todas las bancadas legislativas hayan acordado acoger la iniciativa de los independientes de eliminar ese artículo, porque, de no hacerlo, las consecuencias serían peores y el país habría estado en serios aprietos. Eso, sin contar que la derogatoria del contrato no estaba contemplada en los dos proyectos que el presidente de la República pidió que se discutieran en sesiones extraordinarias: uno que propone una consulta popular y otro que dicta una moratoria en las concesiones de minería metálica. Esta vez, los diputados mostraron sensatez, permitiendo que la Corte Suprema analice las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato. Es la vía que se usó antes y es la que podría resolver el conflicto de hoy. Solo esperamos que, dadas las apremiantes circunstancias que vive el país, a la Corte no le tome 10 años emitir una sentencia. Eso no es justo para nadie, ni siquiera para la empresa minera. Y con todo lo que está pasando, esperamos que las cosas en la Asamblea cambien para bien. No solo se puede, sino que es necesario para la paz social del país.

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