Hoy por hoy

La Policía debería sancionar ejemplarmente al agente que disparó un cartucho de gas pimienta a corta distancia contra un fotógrafo y activista que documentaba las protestas contra el contrato minero. El agente, con saña evidente, disparó al ojo del fotógrafo, herida que lo llevó al salón de operaciones de un hospital. Se supone que esos agentes son de control de multitudes, no para convertirse en los verdugos de personas que no son delincuentes ni nada parecido; por el contrario, están preocupadas por el futuro del país, que incluye, precisamente a los hijos, hermanos, padres y abuelos de esas unidades que apalean o hieren impunemente a ciudadanos en el goce de sus derechos. Creíamos que esos ataques habían quedado atrás, en ese infame gobierno del periodo 2009-2014, cuando la Policía casi acaba con la vista de todo un pueblo, pues no encontró mejor lugar que los ojos de los demás para descargar perdigones. ¿Hemos vuelto a esa época? El ministro de Seguridad Pública, salvo que imponga sanciones y acuse al agente ante las autoridades, será cómplice de este atropello a los derechos humanos y cobarde ataque a un ciudadano desarmado, comunicador y que no cometía ningún delito.