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La invasión de tierras públicas y/o privadas es una vieja práctica de grupos organizados que buscan la oportunidad de apropiarse de lo ajeno, muchas veces con el propósito de lucrar. Y hay numerosas razones para impedir consentir estas invasiones. Por ejemplo, se trata de asentamientos sin orden, servicios públicos, calles e infraestructura, en terrenos insalubres o que quizá no sean aptos para vivir, porque pueden representar un peligro, inclusive para sus propias vidas. Pero, además, se trata de asaltos, en los que el bien a hurtar o robar son tierras por las que alguien pagó o que están destinadas a algún fin específico. Lo acontecido en Las Garzas expone, por otro lado, las necesidades de una población marginada y pobre que sufre de la indiferencia de los gobiernos. La fragilidad de las chozas que construyen pone en riesgo la vida de niños y adultos mayores, porque no serán capaces de resistir las inclemencias del tiempo. Seguramente no todos los invasores buscan lucrar con el hurto de tierras y es por eso que el Gobierno debe atender las necesidades de estas personas, pero sin que ello signifique permitir que reine e l caos desde ningún punto de vista y menos incentivar a que se repitan actos similares.

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