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Es innegable y evidente que gran parte de la sociedad panameña no está de acuerdo con el contrato que firmará el Gobierno con la concesionaria de la mina de cobre en Donoso. Esta pretensión ha sido causa de protestas, manifestaciones, críticas, cuestionamientos, incluso, de advertencias de inconstitucionalidad. ¿Por qué, entonces, esta Administración insiste en seguir adelante con el proyecto de contrato-ley? Sería recomendable que el Gobierno comience a considerar una nueva negociación con la empresa minera. Si lo que espera es que los ánimos se calmen para pasar el contrato en la Asamblea Nacional, puede que esté haciendo un mal cálculo y terminemos como en julio del año pasado, cuando sufrimos el peor caos social de las últimas décadas. Ya la empresa ha hecho importantes inversiones, pero Panamá sigue siendo dueño del subsuelo y del mineral que yace en sus entrañas. Y si en algo le interesa al Gobierno lo que piensan los panameños sobre este tema, el presidente debería tomar las riendas de la situación, llamar a la cordura y sentarse nuevamente a negociar, antes de que todos tengamos algo más serio que lamentar.

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