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Un argumento –debatido en los corrillos políticos– usado por este gobierno para decidir no meterse en el espinoso tema de la Caja de Seguro Social (CSS) –a pesar de que todo indica que el próximo año hará implosión– es que una solución implicaría necesariamente una importante pérdida de capital político, algo que no pondría en riesgo si es que quiere repetir por cinco años más en el 2024. Lo que es incomprensible es que no hayan querido invertir “capital político” en la CSS, pero sí en el contrato con la minera, cuyos términos son rechazados por una multiplicidad de sectores de la sociedad, cuando apenas faltan ocho meses para las próximas elecciones. Tampoco tuvieron problemas en seguir despilfarrando fondos de la descentralización paralela ni tienen inconveniente en derogar de un plumazo la ley de transparencia, proyecto al que nadie le ha dado un real de valor institucional. Todo demuestra que el argumento del “capital político” es una falacia, porque si lo cuidaran como debe ser, vientos más frescos soplarían.

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