La Asamblea Nacional (AN) ha recibido cartas, recomendaciones, opiniones y peticiones de decenas de organizaciones locales e internacionales dirigidas a la suspensión inmediata de la derogación de la Ley de Transparencia y su reemplazo por un proyecto inconsulto, unilateral y desconocido para los afectados.
La propia Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) reconoce que es necesario hacer más consultas, mientras otros abogan por la suspensión de la discusión, pues no hay un ambiente favorable –en vísperas de elecciones– para abordar los delicados temas que se deben analizar.
Incluso, el procurador de la Administración recomendó suspender la discusión y que sea en el próximo periodo presidencial que se ventile el asunto. En otras palabras, nadie que se haya parado para hablar del tema del reemplazo de la Ley de Transparencia se ha mostrado favorable a seguir adelante con la discusión. El Gobierno debería acoger esos consejos, porque si insisten, lo que salga de la AN carecerá de legitimidad y tendrá que ser derogado o demandado ante la Corte por inconstitucional.