Hoy por hoy

El proyecto de Ley No. 791, que espera el veto o sanción del presidente Laurentino Cortizo, contiene cambios coyunturales injustificables. Si bien el efecto de la ley –si el gobernante la sanciona– cesa en diciembre del año en que se levanta el estado de emergencia, lo cierto es que utilizar hasta el 100% del subsidio que ofrece la Descentralización a los municipios para gastos de operación es absurdo y no es más que clientelismo puro. Si estamos en estado de emergencia, ¿cómo se justifica aumentar el número de empleados de un municipio si, precisamente, no hay dinero para solucionar problemas? Actualmente, la Descentralización ofrece a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 90% para inversión y solo 10% para operación en municipios, y 75% en inversión y 25% en operación en juntas comunales. Solo la sinvergüenzura justifica esta inmoralidad que, como siempre, patrocina el Legislativo. Lo lamentable es que Cortizo sancione esta ley. No ha aprendido aún a decir no a los diputados de su partido. Seguro que, con esto, alcaldes y representantes recibirán lo perdido en gastos de movilización y licencias pagadas. No hay otras palabras que lo definan mejor: latrocinio oficial.