El vicepresidente de la República, y por entonces ministro de la Presidencia, fue informado en 2021 de irregularidades que habrían podido ser tipificadas como delitos en el uso y redención de bonos solidarios que sumaban casi $1 millón.
Las anomalías halladas en lo que parece ser a todas luces la intención de cometer el delito de peculado están contenidas en un informe de auditoría –que él mismo ordenó hacer– que concluyó que, aunque no hubo lesión al Estado, sí debía investigarse más a fondo por el Ministerio Público (MP), por lo que este mismo informe recomienda interponer una denuncia ante la autoridad. Pero el vicepresidente no lo hizo. ¿Por qué este alto funcionario, que debe ser el equivalente a un padre diligente con los dineros del Estado, no lo hizo?
Su deliberada omisión se parece más a la actuación de un cómplice que al de un funcionario que, por ley, está obligado a denunciar cuando está en presencia de un potencial delito. Ojalá que, ante el conocimiento del caso, el MP inicie una investigación de oficio, a fin de contestar interrogantes que el vicepresidente impidió se respondieran, negándose a concretar la recomendación de interponer una denuncia, tal como lo recomendó la auditoría.
