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El juicio que se desarrolla sobre el caso Lava Jato es revelador en varios sentidos. Uno de los hechos más sobresalientes es que los fiscales obtienen resultados de investigaciones que llevan a cabo con las uñas. Los resultados podrían ser mucho mejores si contaran con presupuesto; si tuvieran tecnología de vanguardia; si dispusieran de más y mejores peritos; si contrataran personal más preparado; si crearan procedimientos mejor elaborados y si pudieran hacer atractiva una carrera en la Procuraduría con mejores salarios. Pero trabajan con herramientas obsoletas; dependen en gran medida de testimonios y las pruebas forenses son tan escasas como tecnología especializada. No es ningún disparate concluir que el Ministerio Público (MP) carece de todo esto porque los que deben velar por dotar de fondos para actualizar esta institución, eventualmente pueden ser objeto de investigaciones y, obviamente, quieren mantener el balance a su favor, restándole competitividad al MP y a sus fiscales. A su vez, el MP podría gestionar la profesionalización de su personal a través de seminarios en el exterior o donaciones de software y tecnología especializada. En conclusión, el MP no es una prioridad para este gobierno.

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