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El manifiesto de la Autoridad Nacional de Descentralización, en el que justifica el desvío de más de $200 millones para juntas comunales y alcaldías al margen de lo que establece la legislación vigente, es una vergüenza y evidencia la poca importancia que le acredita a la ley que debe guiarlo y a la opinión pública, que exige explicaciones del uso de esos fondos y los criterios con los que fueron otorgados. En su lugar, divulga una explicación plagada de falsedades y elogia un papel de fiscalización de la Contraloría que nunca ha existido, al menos en estos misteriosos gastos. De hecho, no señala una sola obra que se haya hecho con esos fondos; no especifica cómo ni porqué fueron entregados los dineros y mucho menos da una prueba de transparencia en todo el proceso. Tal parece que esa explicación fue escrita con el único propósito de decir algo, pero no la verdad. Una vez más, instamos al contralor a cumplir con su deber de fiscalización de los recursos públicos. El mal uso de esos fondos ya lo vivimos una vez con las revividas partidas circuitales en el gobierno de Ricardo Martinelli y ahora experimentamos una situación similar con la “descentralización paralela”, ambas perdidas en el metaverso del contralor.

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