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La consistencia de la institucionalidad en Panamá es tan débil que continuamente los gobiernos no pueden hacer frente a sus obligaciones –incluso, las consignadas en la ley–, pues las prioridades se han redireccionado, no para beneficio de la población, sino de unos pocos políticos que ponen por encima del bien colectivo sus propios intereses. Y es así cómo, del presupuesto de la Nación, se destinan cientos de millones de dólares a fines que desconocemos y sobre los cuales nadie rinde cuentas. Este es el caso, por ejemplo, del hemocentro nacional, creado mediante ley en 2018, para captar donantes, almacenar y distribuir hemocomponentes a los servicios de sangre de todo el país. Por ahora todo parece indicar que el proyecto, que fuera iniciativa del propio Ministerio de Salud, como tantos otros, ha quedado en nada. El próximo 30 de mayo se cumplirán cinco años sin que las disposiciones de esa legislación se hayan cumplido. De hecho, todo apunta a que no tendrá presupuesto en el futuro inmediato. El Minsa ha informado que este es un proyecto que, para ponerlo en marcha, necesita $36 millones que no tiene. Pero para hacer política, sobran los millones. Es la descarnada deshumanización en su más pura expresión.

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