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Un grupo de 18 funcionarios del Órgano Judicial y ciudadanos que actuaron como jurados de conciencia ha sido condenado en primera instancia, por recibir sobornos a cambio de decisiones judiciales favorables a imputados, incluyendo presuntos homicidas. Los incitadores de estas ilegales prácticas eran conductores asignados a un tribunal superior que, entre sus tareas, figuraba trasladar a los jurados de conciencia, lo que facilitó la oportunidad para delinquir. Imaginen todo lo que se puede conversar en medio de un tranque vehicular. Estos conductores tenían su propio quiosco de ofertas judiciales, sin importarles liberar a sospechosos de asesinato. A pesar de las confesiones de los jurados condenados, aún se desconoce si las sentencias producto del pago de sobornos serán revisadas, algo que debió hacerse desde el momento en que confesaron su delito. El Órgano Judicial ha debido actuar, pero no ha sido así, lo cual establece un precedente nefasto para futuros casos como este. Precisamente, este es el problema: el ejemplo. Para poner su propio “negocio” de sentencias y medidas cautelares, seguramente esos conductores han tenido que ver y oír lo suficiente como para haber pensado que, si jueces y magistrados hacen eso, por qué ellos no.

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