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El Ministerio Público (MP) ha acreditado un delito de peculado en la ejecución del contrato para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra adjudicada a la empresa Transcaribe Trading (TCT) en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Entre los acusados hay dos de sus ministros de Obras Públicas. No es la primera vez que estos personajes serán enjuiciados, pues también están entre los acusados del caso Odebrecht, empresa que en ese gobierno –así como en los de antes y después– obtuvo contratos (coima mediante) que sumaron miles de millones de dólares. El MP presentó no uno ni dos, sino tres informes de auditoría, los cuales tienen en común la acreditación de sobreprecios en la ejecución de la obra y el incumplimiento del pliego de condiciones, por lo que también se acusa a los exministros de incumplir sus deberes en la fiscalización de la obra. Su negligencia prueba que estos “servidores” estaban más ocupados en servirse a sí mismos que en atender sus deberes. Esos casos deberían ser vistos como advertencias para los ministros de hoy, cuya falta de rendición de cuentas podría contar una historia con un final similar al de sus excolegas.

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