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La Corte Suprema parece bailar al son que le toquen. Recientemente, admitió la demanda de un empresario local incluido años atrás en la Lista Clinton. Reclama al Banco Nacional de Panamá (BNP) más de $1,268 millones en indemnización por presuntos daños y prejudicios, luego de que la entidad estatal actuara como fiduciario en una operación para sacar de la Lista Clinton los bienes que, de otra manera, habrían tenido un futuro incierto, además de graves perjuicios para empleados y bancos acreedores. Lo curioso es que fue el propio Waked, asesorado por un abogado estadounidense especialista en temas de la OFAC, quien solicitó utilizar la figura del fideicomiso, pero ahora reclama daños y perjuicios por lo que él, precisamente, pidió hacer. Llama la atención que esta sea la segunda demanda contra el BNP, ya que la primera, en términos muy parecidos, pero en relación a otro fideicomiso, no fue admitida. Sobra decir las suspicacias que levanta el giro en las decisiones de la Corte, que pone al BNP en serios aprietos, ya que eventualmente tendrá que hacer reservas contables que afectarán su desempeño, al igual que su calificación de riesgo. Y más difícil es descartar un quid pro quo en la admisión de esta demanda.

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