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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) impulsa la derogatoria de la Ley 6 de 2002, de transparencia y acceso a la información pública, para reemplazarla por una nueva normativa. Aunque toda ley que tenga 21 años de vigencia seguramente requiere una actualización, no es menos cierto que remplazar la Ley 6 es una idea innecesaria e inoportuna. Lo peor es que la propuesta de Antai debe ser debatida y aprobada por la Asamblea Nacional, que ha demostrado ser enemiga de la rendición de cuentas y ha ejercido presión sobre funcionarios de otras entidades para evitar que se divulgue información pública, haciendo mal uso de la Ley de Protección de Datos. Pero presumiendo que la iniciativa de Antai es bien intencionada, no olvidemos que los diputados tienen total libertad para modificar lo que les venga en gana, como ocurrió con las reformas electorales, con la ley cripto y, más recientemente, con el malogrado proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos, que entraron de una forma y salieron de otra. La Antai –que ha patrocinado la tapadera y el oscurantismo– brinda en bandeja de plata la oportunidad para emascular la Ley 6 y reemplazarla con un mamotreto. Si Antai quiere mejorar la transparencia, ¿por qué no modifica la Ley de Protección de Datos Personales?

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