Hoy por Hoy

La Ley de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) necesita con suma urgencia –antes de que los bellacos se apropien del país– una modificación para ponerle fin al tráfico de tierras nacionales, que, como hemos sido testigos, ha servido para que políticos y funcionarios se apropien de bienes del Estado, porque eso de pagar a $6 por cada hectárea es un claro atraco al patrimonio nacional. Lo peor es que hay funcionarios de la Anati –como el secretario general de la institución– que están muy conformes con la situación y hasta defienden estas adjudicaciones que no son otra cosa que un despojo. La Anati claramente es un foco de corrupción y se debería hacer responsable personal y penalmente a su jerarquía de cualquier menoscabo al Estado por culpa de su negligencia o por el tráfico de influencias que reina en ese lugar. Ya está bueno de que los panameños seamos víctimas de la voracidad y la codicia de funcionarios sin escrúpulos que solo piensan en llenar sus bolsillos, robándonos como lo hacen: a la vista de todos y en la más absoluta impunidad. Ojalá haya iniciativas legislativas que terminen con este despojo y que puedan ser aprobadas, a pesar de que entre ellos hay beneficiados por la ley actual.