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La identidad de los que reciben auxilios económicos no reembolsables del Ifarhu está siendo blindada, a tal punto, que será información casi inexpugnable. Primero, la propia institución se negó a dar la identidad de los beneficiados, luego la Corte Suprema de Justicia y ahora, la Asamblea Nacional. Esta información debe ser tan comprometedora que hay una conspiración de los tres órganos del Estado para ocultarla. Algunos alegan que no se debe divulgar porque en muchos casos se trata de menores de edad, pero el Ifarhu no ha tenido escrúpulo alguno cuando ha entregado y fotografiado y divulgado en comunicados y en redes fotos de muchos beneficiados. Además, qué hay de malo en conocer los nombres, salvo que sus padres hayan logrado el beneficio por medios no ortodoxos, en cuyo caso, no han tenido problema alguno en vincular los nombres de sus propios hijos con potenciales escándalos de corrupción. Entonces, ¿qué clase de padre ensucia a sus hijos exponiéndolos al escarnio público? Lo que han hecho los funcionarios al enterrar la información sobre estos auxilios económicos es cuidarse las espaldas de presentes o futuros escándalos, blindando información que, según la Ley de Transparencia, es pública.

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