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Finalmente, la Asamblea Nacional aborda el tema del polémico proyecto de ley que crea la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país, promovido por el Órgano Ejecutivo. Este proyecto busca recuperar, a favor del Estado, los bienes, recursos, productos activos o valores, cuyo origen sea de actividades ilícitas. Presentado así, el alcance llegaría, incluso, a los bienes mal habidos de políticos que le han robado al Estado y de ahí, precisamente, la reticencia de discutir y aprobar este proyecto, pues muchos políticos, incluidos diputados de la Asamblea, pondrían en peligro las riquezas que han acumulado, producto del despojo al Estado. Ahora, los diputados buscan la manera de aprobar este proyecto, pero existe el riesgo de que, en el camino, su contenido sea mutilado para limitar su alcance y circunscribirlo a los bienes obtenidos únicamente a través del narcotráfico y el crimen organizado, soslayando los otros delitos, como aquellos contra la administración pública, como peculado y corrupción. Una vez más, vemos a los políticos protegiéndose, legislando para sí mismos, evitando ser presa de la ley. Y no hay nada más penoso que verlos alegando hipócritamente una supuesta protección a los ciudadanos, cuando lo que hacen es ponerse lejos del alcance de la ley. Así de claro.

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