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La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) tuvo suficiente tiempo para convocar a concurso los servicios que necesitaría para organizar y hacer realidad el carnaval capitalino de este año. Pero, en vez de ello, optó por contrataciones directas y dejar todo para último minuto y así cuadrar las excusas de la inminencia de las fechas de celebración. Por ello los contratos están plagados de irregularidades, algunas bastantes obvias e inexcusables. Pero, además, nacen las suspicacias porque en estos negocios directos, casi siempre hay sobrecostos y mordidas. A ello hay que agregar la incompetencia de los funcionarios de este gobierno, que ya no tiene parangón. Desde altos cargos del Ejecutivo –que incluye, obviamente, al ministro de Obras Públicas, recientemente abochornado en un restaurante–, pasando por el alcalde de la ciudad capital, diputados y representantes de corregimiento, que en medio de la pandemia no se les ocurrió mejor idea que subirse el salario a niveles escandalosos, tanto como el equivalente a un asalto a mano armada. Lo que ocurre en la ATP es el reflejo de todo lo que está pasando en el gobierno que, llegando a sus estertores, el despojo al Estado es abierto, sin importar las consecuencias, porque sencillamente no hay castigo.

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