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La multa de casi $1 millón impuesta esta semana al expresidente Trump y a su abogada por llevar adelante procesos frívolos, es decir, usar la justicia para acosar a adversarios y enemigos, es algo que debería ser imitado en Panamá. Una gran cantidad de sinvergüenzas en este país utilizan la justicia, precisamente, para el acoso, instaurando procesos que no van a ningún lado, pero que hacen que la parte demandada gaste dinero en abogados, pierda tiempo y en muchos casos impiden que se haga justicia en otros casos, pues jueces y magistrados deben atender estos procesos que, además, pueden hacer el recorrido completo: primera y segunda instancia, y hasta llegar a la Corte Suprema. Decenas o hasta cientos de miles de dólares se desperdician en denuncias y querellas que, a sabiendas de que no tienen fondo, sirven para atosigar a las víctimas por la vía judicial. Es hora de pensar en multas disuasorias, tanto para demandantes como para sus abogados, a fin de evitar el abuso del sistema, el terrorismo judicial, así como la pérdida de tiempo y dinero, sin contar el amedrentamiento a funcionarios que no hacen otra cosa que cumplir con su deber. Estos abusos deben terminar, pero terminar ya.


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