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Una vez más, sin remordimiento, escrúpulo ni conciencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia permiten que el Estado sea víctima del más atroz y descarado latrocinio, practicado por diputados reelectos. La Corte ha argumentado –como base de esta impunidad– el privilegio del que goza la nueva casta política: la prueba idónea, un eufemismo para eximir de responsabilidad penal a ladrones de cuello blanco que luego celebran estas decisiones con la misma plata que nos roban. Los magistrados no hacen justicia, solo sirven a la impunidad, como peones en un tablero de ajedrez, dándole privilegios a políticos que, lejos de ser honestos, son la peor plaga que carcome los recursos de este país y, además, con el beneplácito de una Corte Suprema alejada de sus propósitos, entregada a la decadencia, a una pandilla que los maneja como títeres. Millones y millones sustraídos del Tesoro Nacional para satisfacer la codicia sin límite de estos sátrapas que, lejos de escarmentar, se tornan más atrevidos con cada fallo de la Corte que les permite ir más lejos. Sencillamente, nuestra Corte Suprema de Justicia debería ser juzgada por ser cómplice de acciones tan desvergonzadas y carentes de toda legitimidad.

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