Hoy por Hoy

La Corte Suprema de Justicia no parece apoyar los esfuerzos por adecentar la gestión de los funcionarios que manejan dinero de los contribuyentes. Sus magistrados se negaron a admitir dos importantísimas solicitudes de habeas data. El primero, sobre un pedido de información a la Autoridad Nacional de Descentralización sobre los fondos que ha destinado a municipios y juntas comunales. ¿Por qué esta solicitud? Sencillamente, porque muchas de estas entidades –alcaldías y juntas comunales– se han convertido en foco de corrupción, bajo el control de sus titulares y de ciertos diputados, quienes hacen todo a su alcance, mediante proyectos de ley, para que el Gobierno Central les provea de millones que luego se pierden, se roban o se malversan, porque la Contraloría mira para otro lado. La Corte tampoco admitió un habeas data para que sepamos quiénes fueron los beneficiados de los auxilios económicos no reembolsables del Ifarhu, otro escándalo en el que están involucrados funcionarios, políticos y sus hijos. ¿Cómo pretenden los magistrados que los ciudadanos nos enteremos del uso del dinero público, si sirven de tapadera a la corrupción? Si pretenden tener a la sociedad de aliado, empiecen por ser más transparentes en estos asuntos.