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Las negociaciones entre la minera y el Gobierno se han reanudado al más alto nivel, en busca de una solución a los problemas surgidos luego de que las partes habían alcanzado acuerdos en enero pasado. Es entendible que una negociación de este tipo es delicada, pero lo que no puede ser es que estas conversaciones se hagan a espaldas de la sociedad panameña, que, al fin y al cabo, es la propietaria de este patrimonio. El Gobierno tiene la obligación de informar a todo el país los temas pendientes, los que causan mayores desacuerdos y el estado de las negociaciones; algo parecido a lo que hizo con la pandemia. El asunto de la minera es trascendental para el país y no hay que tomarlo a la ligera y mucho menos informar sobre resultados, cuando lo que se necesita es más información sobre la marcha. Si continúa este patrón de comportamiento, serán inevitables las especulaciones, las suspicacias, los rumores y las sospechas, porque los hoyos informativos, si no se llenan con una comunicación oportuna y veraz, se van a ir ocupando, precisamente, de esas otras cosas que el Gobierno rechaza. Negociar a espaldas de la sociedad no es nada aconsejable, ya que este es un tema del que todo el país está muy pendiente.

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