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El Gobierno de Panamá ha informado que la empresa First Quantum y su filial Minera Panamá adelantan dos procesos de arbitraje: uno comercial (amparado en un contrato ley declarado inconstitucional hace más de cinco años) y otro de inversión, que prevé el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y el país de origen de First Quantum, es decir Canadá. Este es, probablemente, el peor escenario que enfrenta Panamá con estas empresas, pues se trata de billones de dólares que están en juego. Según el Gobierno, está listo para esta pelea que, además, costará un dineral en honorarios de abogados. Todos esperamos que, en efecto, Panamá esté preparado para enfrentar estos procesos, en los que no tiene gran experiencia y en los que los abogados que asuman la defensa del país tendrán que luchar no solo contra las pretensiones de la minera, sino contra la maltrecha imagen internacional del país: de la poca seriedad que tiene el Gobierno y de la bien ganada fama de corrupción que antecede a nuestros funcionarios. Se trata, entonces, de una lucha desigual, cosa que no es sorpresa para el Gobierno, pues este era el escenario que más temía.

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