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Cuando un país es serio institucionalmente, la negociación de contratos, acuerdos, pactos y asuntos similares es más fácil, porque la contraparte siempre tratará con mayor respeto al país en cuestión, pues no se trata de decisiones discrecionales, sino de políticas de Estado. Pero Panamá es el paraíso de la improvisación y la discrecionalidad, y por ello, la minera de Donoso –que olfatea esa falta de institucionalidad a millas de distancia– puede darse el lujo de prometer una cosa y luego, arrepentirse, zafarse y obtener más. Y eso es lo que ocurre ahora. El Gobierno celebró muy pronto el resultado de las negociaciones en enero pasado, cuando anunció que la empresa pagaría al año, como mínimo, $375 millones al país. Ahora, pretende protecciones si el precio del cobre cae en el mercado internacional. El plazo de las negociaciones vence en tres días y si no se firma un nuevo contrato, el Gobierno buscará “alternativas”. Mientras tanto, la empresa vende miles de millones de dólares en cobre y otros minerales, al amparo de un contrato que fue declarado nulo. Ojalá celebremos un trato justo y no otro adefesio en perjuicio del país, precisamente, por la dichosa discrecionalidad.

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