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Como si los delitos comunes y contra el patrimonio del Estado fueran poco, ahora Panamá enfrenta bandas organizadas dedicadas a la tala ilegal de árboles de madera preciosa que están en peligro de extinción. Los delitos contra el ambiente han aumentado, en especial en estos años de pandemia, en promedio, de un delito diario. La madera de cocobolo, árbol que tarda décadas en su completo desarrollo –por lo que la explotación ilegal lo ha llevado casi hasta su desaparición– es buscado para confeccionar artículos de lujo y en el mercado negro chino cuesta pequeñas fortunas. Panamá, que sufre este “cuatrerismo”, debería promover una política internacional, junto con otros países, para crear mecanismos de certificación, más allá de toda duda, del origen legal de la madera, a fin de evitar que empresarios inescrupulosos terminen por hacer desaparecer la especie. Como se hace con los diamantes, la compra y venta de esta madera debe ser vigilada más de cerca y los artículos hechos con ésta, cuyo origen legal sea dudoso, deberían ser decomisados, su venta prohibida y otras sanciones que desalienten su tala, venta y compra ilegal. Pero lo que ya no deben tolerar las autoridades es que acaben con nuestros recursos naturales.

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