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“El servidor público debe observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común”, así lo establece el artículo 32 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos de Panamá, aunque su contenido y nuestra realidad son dos cosas muy distintas. Aquel que no sea capaz de desarrollar tolerancia frente al cuestionamiento no debería elegir la carrera de servidor público, porque, además, estará expuesto al escrutinio público. Tanto así, que el funcionario con mando y jurisdicción nacional debe presentar una declaración jurada de sus bienes patrimoniales antes y después del ejercicio del cargo, pues, precisamente, es en ese período que los ciudadanos desean saber cuánto aumentó o disminuyó el capital o los bienes de su familia. Si no está dispuesto a hacerlo porque valora más su privacidad, debería ser razón suficiente para buscar otra forma de ganarse la vida. Panamá está llena de historias de corrupción, pero perpetradas por fantasmas, pues nunca hay un culpable. Y, precisamente, es por eso que la sospecha y la suspicacia son inevitables. Esconderse detrás de excusas y ataques revela más de lo que quieren ocultar.

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