Hoy por hoy

El Órgano Judicial de Panamá es campo minado. Por donde se camine o se mire, no hay más que problemas, porque, a diferencia de los órganos Legislativo o Ejecutivo, el Judicial no despierta la menor prioridad. Y es un círculo vicioso: la imagen de la justicia en Panamá está en el suelo, pero para levantarla hacen falta recursos que seguramente no obtiene por su pésima imagen, abanicada por un sistema político que prefiere verla postrada que empoderada. Mientras en Panamá –por ejemplo– hay casi 12 jueces por cada 100 mil habitantes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que el mínimo es de 65 por cada 100 mil habitantes. En otras palabras, Panamá tiene un déficit que probablemente sobrepasa los 2,500 jueces. Lo irónico es que este país está lleno de abogados, pero los políticos no están interesados en profesionalizar este órgano del Estado, sino en mantener el statu quo, porque, indudablemente, estamos gobernados por personas que, dadas sus actividades privadas y públicas, deberían enfrentar la justicia. Pero, en caso de que ello ocurriera, prefieren un Judicial debilitado y genuflexo. El panorama no pinta bien ni ahora ni en el futuro. Lo que hay es todo lo que tendremos por largo tiempo... hasta que la honestidad nuevamente sea un valor en el servicio público.