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La presión que ejercen alcaldes y representantes para recuperar las prebendas que perdieron cuando la Corte Suprema de Justicia se las quitó, en una sentencia que declaró la ilegalidad de cobrar doble salario gracias a licencias con sueldo o doble nombramiento en el Estado, raya en la desesperación. Quieren pisotear sentencias que son de obligatorio cumplimiento con la complicidad de diputados que, con iniciativas legislativas, pretenden devolverles lo que ya no deberían estar reclamando. Si no les agrada el salario que ahora reciben del Estado, bien pueden ir al sector privado a buscar trabajo o emprender sus propios negocios, cosa en la que han probado ser muy buenos, porque de sus cargos salen inexplicablemente dotados de plata, inmuebles, etc., alegando, precisamente, que son empresarios. ¿Por qué la Asamblea sigue recibiéndolos a puertas cerradas? ¿Por qué los diputados quieren pasar por encima de fallos? ¿Por qué razón hay que destinar dinero de obras para pagar más y más planillas? Los diputados –sin duda– son sus nuevos cómplices, cediendo al cabildeo, presentando iniciativas legislativas para recuperar privilegios ilegítimos y prestarse al juega vivo.

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